Defensa no asignará destino al militar de La Manada, que seguirá cobrando su sueldo base

COMPARTIR

El Boletín Oficial de Defensa publicó este martes que el militar Alfonso Jesús Cabezuelo, condenado a nueve años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 como parte de La Manada, ya no estaba suspendido de su cargo, así que se encontraba en servicio activo y en espera de que se le asignara destino a falta de sentencia firme sobre su caso, que está

Pues bien, ante el revuelo causado el Ministerio de Defensa ha emitido un comunicado en el que aclara que «no asignará destino al militar de La Manada pese a levantar su suspensión». Añaden que, en aplicación de la ley, «no se podía evitar el alzamiento de la suspensión de funciones». Lo que no explicaban en dicho comunicado es que el militar seguirá cobrando su sueldo base pese a «no trabajar» por no tener destino asignado y sólo dejará de percibir sus distintos complementos, como el de dedicación o destino.

Desde el Ministerio, informan de que en aplicación del artículo 111.3 de la Ley de Carrera Militar no se la va a asignar destino. En dicho artículo se establece que «en el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones por levantamiento de la prisión preventiva, el ministro de Defensa podrá acordar, por resolución motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino por un periodo de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme».

De este modo, Defensa sale al paso de la resolución firmada el pasado 4 de julio, en la que se informaba del «cese en la situación de suspensión de funciones de Cabezuelo y su paso al servicio activo a partir del 22 de junio». Asimismo deja de tener validez lo que rezaba en dicha resolución publicada en el Boletín Oficial de Defensa (BOD): «Queda a disposición del general jefe del mando de personal del Ejército de Tierra». Ahora, la última palabra la tiene el Supremo.