La Comisión Europea suspende a España en su política de impuestos verdes

Los bajos ingresos por fiscalidad medioambiental y el mantenimiento de los subsidios a los combustibles fósiles son motivos de enfado desde Bruselas.

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Edificio Berlaymont, sede de la Comisión Europea

El análisis de las políticas medio ambientales de los 28 países que conforman la Unión Europea fue presentado por Bruselas este lunes. La Comisión Europea critica que España sea el tercer país de la UE con los ingresos más bajos por fiscalidad. En cifras, los denominados impuestos verdes significaron el 1,85% del PIB en 2014, frente al 2,46% de media en la UE.

El principal problema es la baja recaudación por este tipo de impuestos. “Según datos de 2014, España es el tercer país con el porcentaje más bajo en la UE (tras Lituania y Eslovaquia)”, apunta el análisis. “Los ingresos por impuestos medioambientales supusieron únicamente el 1,85% del PIB frente a una media del 2,46% en la UE”, añade. Además, “es uno de los países con un porcentaje más bajo de fiscalidad ambiental en los ingresos por impuestos y contribuciones sociales (5,5% del PIB en 2014, media de la UE 6,35%)”. Ocupa el sexto puesto por la cola en esa clasificación.

Afirman desde Bruselas que “en los últimos años se han adoptado algunas medidas, principalmente, en energía”. También recuerdan el nuevo impuesto de 2013 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y los “impuestos a la producción de energía eléctrica, a la producción de combustible nuclear y al almacenamiento de residuos radiactivos”. “Hay un margen claro para revisar los impuestos medioambientales, principalmente en los sectores del transporte y la energía, pero también en los ámbitos de la contaminación y el uso de los recursos”, sostiene la Comisión.

La Comisión defiende que se ignoraron sus informes desde España cuando en 2014 encargó a un comité de expertos el informe de la Reforma del Sistema Tributario, el Lagares. Ese análisis propuso sugerencias para “armonizar y mejorar el funcionamiento de los impuestos medioambientales en España, incrementando los ingresos de manera más lógica y sostenible”. Algo que no apareció en  la reforma fiscal nacional aprobada en España a finales de 2014.

La finalidad de la Comisión con este análisis es ahorrar en torno a 50.000 millones anuales en costes directos por la erosión del medio ambiente en la UE. “Una aplicación fragmentaria y desigual de la legislación medioambiental europea no redunda en beneficio de nadie”, señalaba el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella.

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