Madrid aprueba el Plan Económico Financiero 2017-2018

La estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento queda asegurada con un superávit continuado.

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El Plan Económico Financiero (PEF) para el periodo 2017-2018 ha sido aprobado en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Madrid. Con ese plan, que ha recibido el respaldo de Ahora Madrid y del Grupo Socialista, se da cumplimiento a la legislación aportando garantías de estabilidad financiera en el consistorio. El contenido del mismo será remitido al Ministerio de Hacienda en un plazo máximo de cinco días.

El contenido del PEF será incluido en la plataforma virtual habilitada por el ministerio para las corporaciones locales y autonómicas. Asimismo, será remitida por correo una copia del mismo con la firma de la interventora general del Ayuntamiento de Madrid. A partir de entonces, el Ministerio de Hacienda contará con un plazo de dos meses para analizar y dar respuesta al documento.

La “Regla de Gasto” es una limitación establecida por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide a los ayuntamientos aumentar el gasto público más allá de una tasa de referencia basada en el crecimiento de la economía española. El cálculo de esa regla fue diseñado en un periodo en el que la mayoría de corporaciones locales incumplían los objetivos de estabilidad presupuestaria y en el que se consideraba prioritario contener el gasto público local.

INDICADORES DE ESTABILIDAD

Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid registra indicadores inequívocos de estabilidad. Cuenta con más de 1.000 millones de euros de superávit, lo que le coloca a la cabeza de todos los consistorios a nivel estatal. La deuda se ha reducido a un ritmo más rápido del previsto (1.793 millones de euros desde el inicio del mandato) para colocarse en los 3.844 millones de euros. El periodo medio de pago a proveedores fue el pasado mes de diciembre fue de 19,79 días, el más bajo de la serie histórica.

GASTOS NO OBLIGATORIOS, PERO NECESARIOS

De acuerdo a la legislación estatal, hay competencias básicas para la ciudadanía que deben prestar desde la administración central o la autonómica. En el caso de Madrid, muchas de ellas son afrontadas y costeadas por el Ayuntamiento, la institución más cercana a los vecinos y vecinas.

Seguridad y movilidad ciudadana, servicios sociales, sanidad, educación, apoyo a pequeñas y medianas empresas o servicios sociales figuran entre esos gastos no obligatorios para el consistorio, pero necesarios para la ciudadanía.

En 2016 el coste derivado de las competencias impropias ascendió a 428 millones. “El ayuntamiento quiere seguir prestando esos servicios, pero resulta ilógico que el coste compute en la Regla de Gasto”, explicó el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato.

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