El TSJ de Madrid pide investigar a la diputada popular María Josefa Aguado

El juez De la Mata sostiene que en su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey realizó actos administrativos “decisorios objetivamente arbitrarios”.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tendrá que lidiar con otro problema judicial que se presenta en su Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid. En esta ocasión será a raíz de la petición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se investigue a la diputada popular María José Aguado por su posible implicación en el caso Gürtel.

El juez de la Audiencia Nacional José De la Mata ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid su exposición razonada contra la diputada de la Asamblea de Madrid  María Josefa Aguado del Olmo por su presunta participación en los hechos relativos al Ayuntamiento de Arganda del Rey del caso Gürtel y que serían constitutivos de los delitos de prevaricación, fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

De la Mata señala en dicha exposición razonada que “la actividad presuntamente delictiva de la aforada, María Josefa Aguado del Olmo, queda enmarcada en la adjudicación del contrato para la organización de las “X Olimpiadas Escolares” a empresa del Grupo Correa a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública, participando de forma decisiva en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento”.

El juez ha enviado su escrito a la Sala Civil y Penal del TSJM para que determine, una vez se ha delimitado el alcance objetivo y subjetivo de los hechos, si se reclama el conocimiento respecto a las personas investigadas no aforadas que están vinculados con estos hechos.

De la Mata sostiene que puede afirmarse que todas las decisiones que adoptó la parlamentaria autonómica en su etapa como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey fueron actos administrativos “decisorios objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa”.

Añade que toda la actuación desarrollada por la persona aforada fue “injusta” y se llevo a cavo para evitar la transparencia, publicidad y libre concurrencia de otras empresas y que los servicios pudieran adjudicarse a las empresas que realmente hubieran podido realizar la oferta más beneficiosa para los intereses municipales.

En esta parte de la investigación del caso Gürtel se investiga el cobro desde el año 1999 de comisiones por parte de distintos cargos públicos de Arganda del Rey por la adjudicación de contratos tanto a sociedades vinculadas a Francisco Correa, como a empresas constructoras.

La forma presuntamente delictiva de actuar era la de fraccionar de forma sistemática los expedientes para que fueran contratos menores, con adjudicación directa, eludiendo de esta forma el procedimiento de contratación aplicable al sector público. Uno de esos expedientes fraccionados es el de la supuesta prestación de servicios para la puesta en marcha de la X Olimpiadas Escolares.

Según el juez, la diputada como jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento dio su conformidad a aquel pago que se fraccionó en siete facturas tramitándose como contratos menores e independientes. Explica el magistrado que, pese a la obviedad de la argucia, la aforada informó a favor de la aprobación de todas esas facturas que sustituían a una única de Easy Concept. La aprobación se hizo en siete informes distintos emitidos y firmados el mismo día.

El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 señala que “en definitiva, aparentemente se dispuso ilícitamente de fondos públicos en beneficio de terceros, conscientes de que les proporcionaban un enriquecimiento, provecho o ventaja ilícitos, en perjuicio del patrimonio público, interés que tendría en todo caso una incuestionable dimensión económica de signo negativo para los fondos públicos.

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