Adiós a la plusvalía municipal cuando haya pérdidas

El Tribunal Constitucional avala las sentencias judiciales que afirman que un contribuyente no debe pagar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos cuando la vivienda ha producido pérdidas.

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El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha arruinado a muchas personas y ha conllevado, además, injusticias como la de tener que pagar el impuesto municipal conocido como plusvalía por vender un inmueble que encima no ha dejado más que pérdidas. Es decir, las pérdidas se incrementaban.

Ahora, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto y ha dado la razón a los contribuyentes que reclamaron que este impuesto no debería pagarse si la venta de una vivienda se hace por un importe menor al de la compra.

Esto no quiere decir que desaparezca el impuesto, sino que se introduce una excepción a la hora de tener que hacer frente al pago de dicho tributo. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos Urbanos grava el incremento del valor del terreno sobre el que se encuentra el inmueble. Y para calcularlo se acude al valor catastral que casi siempre es superior en el momento de la venta que en el de la compra. Esto presupone que una vivienda siempre se revaloriza, pero durante la crisis económica que estamos viviendo se ha demostrado que es algo alejado de la realidad.

Ya en febrero de este año el Constitucional avaló sentencias en la que eximía del pago de la plusvalía, pero lo hizo en casos acaecidos bajo las normas forales de Guipúzcoa y de Álava, aunque las leyes estatales sean idénticas. Esto hacía que los ayuntamientos españoles siguieran solicitando el pago del impuesto. Sólo los consistorios de Dos Hermanas (Sevilla) y de Vitoria decidieron mantener en suspenso el pago del impuesto.

Ahora está por ver si a los que tuvieron que pagar este impuesto les compensa reclamar la devolución o no. Fuentes jurídicas afirman que si la cantidad no supera los 5.000 euros no compensaría reclamarlo. Hay que tener en cuenta que para la reclamación por vía contencioso-administrativo haya que asumir una serie de gastos como la contratación de abogado, procurador y notario.

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