El sindicato CGT reclama otra vez la municipalización de la Ciudad Deportiva de La Fortuna

Leganemos denunció ante la Fiscalía un presunto delito de falsedad documental entre el ayuntamiento y la UTE Ferroser-Aossa La Fortuna.

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El sindicado CGT ha vuelto a reclamar la municipalización como la única alternativa viable para el futuro de la Ciudad Deportiva de La Fortuna, para garantizar las condiciones laborales de la plantilla y el sostenimiento de un servicio que, según su criterio, nunca debió privatizarse.

Desde la privatización y adjudicación del servicio de la Ciudad deportiva de La Fortuna a la UTE Ferroser-Aossa La Fortuna por parte del Gobierno Municipal, que por aquel entonces estaba en manos del Partido Popular, la gestión de este centro deportivo siempre ha estado bajo sospecha y los conflictos laborales han sido continuos.

En octubre de 2015 tuvo lugar el juicio por el que los trabajadores del centro pedían que se reconociera su actividad laboral ligada al Convenio Colectivo de Piscinas e Instalaciones Acuáticas de la Comunidad de Madrid para recuperar así los derechos que perdieron tras la privatización y la llegada de la UTE. Sin embargo, la empresa, para defenderse en los juzgados, presentó varias certificaciones de servicios prestados durante los años 2012, 2013 y 2014 firmados por el entonces director general de deportes del Ayuntamiento de Leganés, José Antonio García.

Dichos servicios eran de “monitores de actividades de raqueta” y “auxiliares de instalación realizando funciones de control y reparación”. El problema radica en que estos servicios no constan en el pliego de condiciones técnicas de adjudicación y presuntamente, según el sindicato, “no se corresponden con ninguna factura emitida ni abonada por el Ayuntamiento de Leganés”. Además, sospechan que estas certificaciones y facturas, presuntamente falsas, sirvieron para que la empresa justificara que la mayor parte de las actividades deportivas no son acuáticas, lo cual inclinó la balanza en favor de la empresa en la sentencia.

Y se mantiene actualmente el Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, que conlleva peores condiciones laborales y económicas que el convenio de Instalaciones Acuáticas de la Comunidad de Madrid.

Cuando se conocieron estos hecho, CGT se reunió con miembros del actual equipo de gobierno para que se investigara el caso y se depuraran las posibles responsabilidades, pero acusan al alcalde, Santiago Llorente y a su equipo de no querer llegar hasta el fondo del asunto.

Por ello, ahora confían en que la Fiscalía inicia una investigación a raíz de una denuncia presentada por Leganemos, solicitando que se investigue un presunto delito de falsedad documental.

Para CGT este es un ejemplo más que indican que las privatizaciones de servicios públicos lo único que conlleva es a un peor servicio y a la precarización del personal que presta estos servicios.

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