Primeras detenciones por la convocatoria del referéndum catalán

La Guardia Civil ha arrestado a Josep Maria Jové, secretario general de Economía y número 2 de Junqueras.

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A pocos días de la fecha fijada por la Generalitat de Catalunya para la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre, la Guardia Civil ha realizado un operativo que tiene como objetivo recabar pruebas e indicios del órgano creado para la coordinación de la consulta, prohibida por el Tribunal Constitucional.

En los registros han sido detenidas 12 personas, entre ellos el secretario general de Economía y ‘número 2’ del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. También se ha arrestado a altos caros de Economía, Hacienda y Exteriores, así como del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Los registros han sido ordenados por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona y persigue identificar al núcleo duro de la estructura creada por el Govern de la Generalitat para organizar la consulta.

Se han practicado nueve registros en los que se ha detenido, además de a Jové, a Josep Maria Salvado Tenesa y Juan Manuel Gómez, altos cargos de la Consellería de Economía y Hacienda; David Palacad, de la Oficina de Asuntos Exteriores; Xavier Puig, de la Oficina de Asuntos Sociales; y a Josue Sallent y David Franco, del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información.

Tras los registros, decenas de personas se han concentrado en la Rambla de Barcelona para protestar por la operación. Mientras, en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control al Gobierno, Gabriel Rufián le decía al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy que “sacara sus sucias manos de Cataluña”. Posteriormente, todos los diputados de ERC han abandonado el hemiciclo para, según sus palabras, “apoyar a nuestros amigos detenidos”. El propio Rajoy, ha declarado que estas acciones “se han hecho por decisión del juez para que se cumpla la ley”.

Esta operación no es más que la continuación de la que consiguió localizar el 80% de las notificaciones para constituir las mesas electorales del referéndum ilegal.

Pero a estas horas, se puede afirmar que la operación desplegada es la mayor ofensiva judicial contra el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Y las detenciones han llegado, como avisaba de forma velada el presidente Rajoy.

Desde hace unos días, la Guardia Civil trabaja para desmantelar toda la logística que se estaba preparando para el referéndum. Primero localizaron y requisaron carteles de propaganda en una imprenta catalana. Y poco a poco han ido dando resultados sus búsquedas en polígonos y almacenes de toda Cataluña. Ya se han incautado notificaciones para las mesas electorales que ya estaban preparadas para su envío, sobres con el logotipo de la Generalitat, tarjetas censales… y antes del 1 de octubre tratarán de localizar las urnas que el Govern adquirió para celebrar la consulta.

Mientras que se producen estas acciones policiales y judiciales, el clima político crece peligrosamente. Más de 700 alcaldes han sido imputados por la justicia debido a su apoyo al referéndum y su intención de ceder locales municipales para la celebración de la consulta. Por otra parte, numerosos alcaldes del PSC están sufriendo fuertes presiones justamente por lo contrario, por negarse a ceder locales y por acatar las órdenes del Tribunal Constitucional.

Ayer mismo, en el Congreso de los Diputados, Ciudadanos presentó una proposición no de ley “en defensa de la legalidad democrática de Cataluña”. Sin embargo, el PSOE votó en contra de esa propuesta lo que hizo que no saliese adelante. Pero la frágil unidad del Grupo Socialista volvió a romperse ya que cuatro diputados socialistas críticos con Pedro Sánchez se abstuvieron. Tres de ellos dijeron que fue una equivocación, sin embargo, Soraya Rodríguez afirmó que votó en conciencia contra la decisión de su partido.

Los socialistas rechazaron esta propuesta porque en su opinión “solo sirve para dividir” y presentaron una propia en la que se recogía la totalidad de la de Ciudadanos y se añadían tres puntos en los que se instaba a mantener la firmeza en defensa de la legalidad, se hacía un llamamiento a los independentistas para que volvieran a la legalidad y se pedía abrir un espacio de diálogo para buscar una salida pactada. Este último punto era el foco de diferencias entre PSOE y Ciudadanos ya que Albert Rivera dijo que esto no lo podían asumir de ninguna manera.

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