Tensa calma en Cataluña a una semana del 1 de octubre

Se acerca la fecha del referéndum y todavía nadie sabe qué puede pasar.

COMPARTIR

El Gobierno de Mariano Rajoy se ha apoyado en la Justicia para impedir por todos los medios la celebración del referéndum de independencia convocado por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Pero esto no ha frenado a los independentistas en su idea de convocar a los catalanes a una votación ya declarada ilegal por la justicia española.

Faltan seis días para el día D y hoy nadie es capaz de vislumbrar que pasará el próximo domingo. Los frentes abiertos son numerosos y nadie quiere dar su brazo a torcer.

PUIGDEMONT INSISTE EN QUE EL REFERENDUM SE CELEBRARÁ

El presidente catalán afirmó ayer en La Sexta que la votación se va a celebrar y además que se aplicará el resultado de la votación. Es decir, que si el domingo por la noche los que voten (en las circunstancias que sean) lo hacen mayoritariamente por el ‘si’ el declarará la independencia de Cataluña. Poco le importa que lo que están haciendo es ilegal, que la votación no cuente con las mínimas garantías democráticas, que no haya un censo claro, que la Justicia haya desmantelado gran parte del operativo del referéndum, que hayan arrestado a los encargados de organizarlo, que ningún país del mundo acepte el resultado, que su actuación pueda ser juzgada como rebelión y que pueda enfrentarse a la petición de una larga condena, etc. Su discurso sigue inalterable y no quiere oír ni ver más allá de eso.

EL GOBIERNO SE PREPARA PARA NO PERMITIR LA VOTACIÓN

Mientras tanto, el Gobierno sigue con sus actuaciones para no permitir que Cataluña no cumpla con la ley. Su estrategia se basa en ir de la mano de la Justicia para que al final los catalanes no lleguen a las urnas. Parece ya lejano el dictamen del Tribunal Constitucional en el que ilegalizarla las leyes de ruptura y de referéndum aprobada por el Parlamento Catalán, pero es que los acontecimientos se suceden vertiginosamente.

El Gobierno podría haber activado ya el artículo 155 de la Constitución que le permite suspender la autonomía de cualquier territorio. Pero ha optado por una vía menos agresiva. Con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, el partido del Gobierno, el PP, ha ido reaccionando a cada una de las actuaciones de la Generalitat. Cuando Junqueras declaró que no daría ya cuentas al Ministerio de Hacienda de los gastos de la Generalitat, el ministro Montoro, anunció que será la Administración Central la que haga directamente los pagos de nóminas, y todos aquellos conceptos encaminados a mantener el Estado del Bienestar en Cataluña (Sanidad, Educación, etc). Y también anunció que el Gobierno dejaría de transferir la partida presupuestaria a la Generalitat.

Por otra parte, esta la pelea por el control de los Mossos, la policía autonómica. En los primeros registros de la Guardia Civil ordenados por la justicia para descubrir y desmantelar el operativo del referéndum, los Mossos no se implicaron lo suficiente para mantener la seguridad, según denuncian desde Madrid. Por ello, la Fiscalía ha nombrado a un Coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, para que organice el operativo de seguridad que el domingo 1 de octubre no permita que haya colegios electorales abiertos. La Generalitat ya ha anunciado que no acata esta decisión. Pero habrá que ver, llegado el momento, si los Mossos ‘desobedecen’ las órdenes de un superior.

LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN CON DISTINTAS ESTRATEGIAS

Aunque PSOE y Ciudadanos se han colocado del lado del Gobierno para defender la Constitución, cada vez son más los socialistas los que empiezan a criticar la forma en la que el PP y Mariano Rajoy están actuando en este sentido. Pedro Sanchez siempre ha afirmado que estará del lado de la ley, que el referéndum es ilegal y que no se puede celebrar. Pero a continuación culpa al PP por haber llegado a esta situación y lo hace por su falta de disposición para dialogar. Para los socialistas el problema catalán es político y no se puede resolver por la vía de la justicia. Tienen claro que el 1 de octubre hay que impedir que se cometa una ilegalidad, pero piden que el 2 de octubre todos se sienten a negociar para buscar una salida política.

Por su parte, Ciudadanos, está en ‘parar el golpe’ que supone la celebración de este referéndum ilegal. Y para después pide que se celebren unas elecciones catalanas, que haya otros dirigentes en la Generalitat y que se puede comenzar con ellos una mesa de diálogo para llegar a soluciones.

En el lado opuesto se ha situado Podemos. Para el partido morado la solución pasa por una consulta acordada entre el Gobierno y la Generalitat. Así lo dijeron ayer en un manifiesto publicado tras celebrar la Asamblea por la Fraternidad, la Convivencia y las Libertades en la que participaron unos 400 cargos públicos pertenecientes a Copromís, Equo, Mes, Geroa Bai, PNV, PdeCat y ERC. No parece que la situación nos lleve a este escenario, sobre todo porque para el Gobierno aceptar un referéndum de autodeterminación supondría una profunda reforma de la Constitución. Parece impensable que en el resto de España se tenga si quiera en cuenta esta opción.

Dejar una respuesta

13 + Once =