Cárcel para los impulsores de las protestas independentistas en Cataluña

La jueza ha enviado a prisión provisional a los presidentes de ANC y Òmnium Cultural

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La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha acordado el ingreso en prisión provisional incondicional de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez; y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, después de que les tomara declaración en la tarde de ayer, investigados por un delito de sedición en relación a los sucesos acontecidos en Barcelona los pasados días 20 y 21 de septiembre, cuando miles de personas se concentraron frente a la sede de la Consellería de Economía de la Generalitat de Catalunya donde la Guardia Civil realizaba registros ordenados por la autoridad judicial. Hay que recordar que numerosos manifestantes causaron graves daños en los vehículos de los agentes del instituto armado e impidieron durante varias horas la salida de la comisión judicial de las oficinas de la Consejería.

En el auto notificado el lunes, la magistrada destaca la importancia del papel que ambos investigados jugaron en los hechos objeto del procedimiento, “participando activamente en la convocatoria de las concentraciones que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes de la actuación a realizar en cada momento”.

Lamela, que aprecia “riesgo de reiteración delictiva” en los dos encausados, también tomo declaración en calidad de investigado por un delito de sedición, al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero y a la intendente de este cuerpo policial autonómico, Teresa Laplana. Finalmente ambos quedaron en libertad con la obligación de comparecer quincenalmente en el Juzgado más próximo a su domicilio, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada del pasaporte.

En el caso de Trapero, para quien la Fiscalía también había solicitado el ingreso en prisión provisional incondicional, la juez afirmó que las explicaciones ofrecidas en su declaración coinciden en parte con las dadas por dos mandos de la Guardia Civil y por la letrada de la Administración de Justicia que intervinieron en los registros, en el sentido de que el número de personas concentrado frente a la sede de la Consellería de Economía hacía imposible el desalojo.

Además, la jueza recordó que la investigación se circunscribe a los hechos que tuvieron lugar el 20 y 21 de septiembre y considera que la posibilidad de reiteración delictiva en la que la Fiscalía fundamentó su petición de presión “no aparece delimitada, sin perjuicio de las posibles ampliaciones que puedan realizarse en el perímetro objetivo y subjetivo de las presentes diligencias”. Lamela tampoco apreció riesgo de reiteración delictiva ni de destrucción de pruebas en el caso de la intendente Laplana.

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