El Ayuntamiento responde al TSJM acerca de la suspensión de acuerdos de Pleno

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El Ayuntamiento de Madrid ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un escrito en el que expone la legalidad de los créditos extraordinarios destinados a la financiación de más de 500 inversiones en toda la ciudad. En su respuesta rechaza la petición de medidas cautelares realizada por la Delegación de Gobierno.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM recibió un recurso en el que el que se solicitaba como medida cautelar la suspensión de los acuerdos de Pleno para destinar 272 millones a actuaciones de asfaltado, reforma y rehabilitación en calles y centros municipales de toda la ciudad.

El Ayuntamiento respondió ayer (jueves 19 de octubre), dentro del plazo previsto, rechazando el recurso. La adopción de las medidas cautelares perjudicaría a los “intereses generales, a los intereses públicos del Ayuntamiento de Madrid y también, directamente, a los intereses particulares de los beneficiarios de esos importes”, se expone en el escrito.

El Consistorio argumenta que ninguno de los motivos expuesto por la Abogacía del Estado en nombre de la Delegación goza de virtualidad jurídica.

Los 272 millones de euros proceden del remanente de tesorería del año pasado y han sido destinadas a Inversiones Financieramente Sostenibles. No computan en la regla de gasto, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, detalla el escrito del Ayuntamiento.

Por otro lado, los Acuerdos de No Disponibilidad acordados por el Ayuntamiento de Madrid por incumplimiento de la regla de gasto en 2016 continúan vigentes y se refieren a créditos (es decir, cantidades de dinero), no a partidas concretas. Carece de base jurídica argumentar que no se puede aumentar el gasto en capítulos del presupuesto enumerados en esos Acuerdos de No Disponibilidad.

Relación de hechos

El Ministerio de Hacienda requirió al Ayuntamiento la inmovilización de 238 millones, una cantidad del Presupuesto equivalente al incumplimiento de la regla de gasto registrada por la corporación en 2016.

Esos Acuerdos de No Disponibilidad se realizaron en abril y continúan en vigencia, como se acredita en un certificado remitido al TSJM junto al escrito.

Como el Ayuntamiento contaba con un superávit superior a los 1.000 millones de euros en 2016, se ha hecho uso de una parte de ese remanente para aprobar actuaciones por la vía de las Inversiones Financieramente Sostenibles.

Delegación de Gobierno reclama que esas actuaciones se paralicen argumentando que se trata de las mismas que fueron retiradas del Presupuesto. El Ayuntamiento rechaza esa interpretación.

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