La Justicia obliga al Canal de Isabel II a pagar impuestos en Rivas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón al Ayuntamiento y obliga a pagar 460.000 euros en impuestos a la empresa pública.

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Rivas recibirá en concepto de impuestos 460.000 euros del Canal de Isabel II en virtud a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ha dado la razón al Ayuntamiento de Rivas que reclama a la empresa pública madrileña este importe por las obras de canalización de agua que realiza la empresa en la ciudad.

La polémica surgió en 2014, cuando Rivas inició la tramitación del expediente para la concesión de la licencia de las obras. El Consistorio ha venido reclamando al Canal el pago, durante todos estos años, del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ante la negativa reiterada de la empresa dependiente de la Comunidad de Madrid.

La sentencia emitida por el TSJM declara que el Canal sí está sujeto al impuesto, aunque acepta que varias partidas deben de excluirse del mismo. Esto supondrá dar de baja la liquidación paralizada desde 2014 y emitir una nueva por la base determinada por el TSJM: una cuantía que ascenderá a unos 460.000 euros.

Además, desde la Concejalía de Hacienda se estudiarán otros expedientes sobre obras realizadas por el Canal en la localidad para proceder a liquidar aquellas que no tengan liquidación y sea pertinente hacerlo con la nueva sentencia.

La concejala de Hacienda, Sira Rego, recuerda que el “Ayuntamiento siempre defenderá el patrimonio de la ciudadanía ripense, acudiendo a la justicia cuantas veces sean necesarias”.

Rivas ya trató de personarse como acusación particular, aunque la fiscalía lo impidió, en el juicio del caso Lezo, que investiga la supuesta trama de corrupción llevada a cabo en la gestión del Canal de Isabel II durante los gobiernos del PP. Rivas, como otros 110 municipios madrileños, forma parte de del accionariado de la sociedad anónima: es titular de 2.324.527 acciones, que representan el 0,21643% del capital social.

Del Cura ya manifestó en su día que “la maniobra del fiscal hurtaba a las administraciones locales representadas en la Junta de Accionistas del Canal la capacidad de defender los derechos de su ciudadanía a preservar su participación en el patrimonio de una empresa pública que ha sido objeto de un expolio salvaje”.

“Resulta escandaloso”, dijo entonces el primer edil, “que se nos diga, como hace la Fiscalía y el Juzgado, que los responsables del entramado al que se acusa de enriquecerse ilícitamente con el dinero de todos los madrileños y madrileñas son los que van a defender que se esclarezca lo sucedido. El Fiscal General del Estado nos quiere convencer de que el zorro es quien mejor cuida las gallinas”.

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