Hacienda, dispuesta a avanzar en la equiparación salarial de los funcionarios con las autonomías

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El Ministerio de Hacienda ha abierto una ventana a una de las reivindicaciones fundamentales para los sindicatos: la equiparación salarial de los funcionarios de la administración general del estado (AGE) con los de las comunidades autónomas. El ministerio que dirige Cristóbal Montoro se ha mostrado dispuesto a estudiar la posibilidad de buscar fórmulas para estrechar la brecha salarial entre uno y otro colectivo, según han explicado a LA RAZÓN fuentes inmersas en la negociación salarial de los empleados públicos. Que Hacienda no haya rechazado de plano la reivindicación sindical no significa, ni mucho menos, que esté dispuesto a aceptarla, aclaran estas fuentes, que prefieren ser cautas a la espera de ver cómo se desarrollan las negociaciones. El ministerio ha tomado nota porque le parece «razonable» sumar a los funcionarios de la administración general del Estado al proceso de equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con los funcionarios autonómicos, explican.

Los sindicatos han reclamado a Hacienda incluir en los Presupuestos Generales del Estado de este año un fondo adicional de 600 millones de euros repartido en tres ejercicios para estrechar la brecha salarial entre funcionarios estatales y autonómicos. El ministerio, de momento, no ha querido hablar de cifras, dicen los consultados. Los sindicatos creen que lo que han puesto encima de la mesa es una cantidad factible. Según cálculos de CSIF, desde 2010, y merced a la progresiva reducción del número de funcionarios del Estado y sus recortes de sueldos, la masa salarial del colectivo se ha reducido en 1.657 millones de euros, casi tres veces más de lo que reclaman ahora.

La disparidad de sueldos entre los empleados públicos de unas y otras administraciones es muy notable. Según el estudio «A igual trabajo, mismo salario» del sindicato CSIF, la AGE paga entre 1.000 y 21.000 euros menos que las comunidades autónomas por el mismo puesto de trabajo. Los funcionarios estatales cobran de media un 25% menos que sus colegas autonómicos de la misma categoría. Esa es la diferencia que se da en el nivel 28, mientras que en el 26 –del que forman parte, por ejemplo, los catedráticos de enseñanza secundaria– es del 18%. La brecha más alta se da en el nivel 22, donde los salarios de los funcionarios autonómicos son, de media, un 34,8% superiores a los de los estatales. En el nivel 18, un empleado de la AGE cobra un 31% menos que su colega autonómico. La diferencia más abultada en términos absolutos se da entre los trabajadores estatales de nivel 28 y sus colegas de Cataluña y País Vasco. Mientras que los primeros perciben de media 40.800 euros brutos anuales de salario, sus homólogos vascos y catalanes son retribuidos con 62.403 y 61.642 euros, respectivamente. Para los sindicatos, supone «un agravio» que soportan desde hace muchos años que haya una diferencia tan notable de salarios cuando unos y otros trabajadores desempeñan las mismas tareas. Además, añade CSIF, en los últimos años «la carga de trabajo se ha incrementado de manera notable por la pérdida de efectivos de las plantillas».

Complementos

El boquete salarial entre unas y otras administraciones se origina por los complementos específicos. Mientras que los funcionarios estatales tienen hasta cien y, por lo general, se aplican los de menor cuantía, en las regiones apenas hay veinte y se suelen aplicar los más elevados. Además, algunas comunidades autónomas también pagan un complemento de carrera que incrementa todavía más la diferencia salarial entre ambos colectivos. Por este motivo, y además del fondo extra de 600 millones, al CSIF le parece razonable para estrechar la brecha en los sueldos recortar el número de complementos estatales y retribuir de forma general a los trabajadores estatales con los más altos. Para el personal laboral, la solución que propone es la creación de un complemento específico para todos.

La exigencia de la equiparación salarial se enmarca en el proceso de negociación salarial de los funcionarios públicos. Aunque Hacienda se ha mostrado por ahora firme en su propuesta de un incremento de hasta un 8% en los próximos tres años, los sindicatos son optimistas respecto a conseguir una mejora. Su análisis parte de la necesidad del Gobierno de sumar apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Al no gozar de mayoría absoluta en el Congreso, el Ejecutivo necesita el «sí» de grupos como Ciudadanos o el PNV para aprobar las cuentas públicas. Y creen que plantear un presupuesto que incluyese un acuerdo con los sindicatos de la función pública respaldaría sobremanera su posición. El Ejecutivo siempre podría argumentar que aquellos que se oponen a sus presupuestos están perjudicando a un colectivo de más de 200.000 empleados, explican los consultados.

Plantilla

Junto a las reivindicaciones salariales, los sindicatos han puesto sobre la mesa su preocupación por el estado en que está la plantilla de la AGE, ya que ha pasado de 240.00 miembros en 2010 a apenas 200.000 en la actualidad. «La plantilla está extraordinariamente envejecida. O tomamos medidas de choque o nos vamos a encontrar con que no hay empleados públicos en la Administración General del Estado», llegó a decir la semana pasada el presidente de CSIF, Miguel Borra, tras reunirse con Hacienda. Para reforzar las plantillas de la AGE, el Gobierno y los sindicatos alcanzaron en julio pasado un acuerdo de oferta de empleo público para la convocatoria de cerca de 20.000 plazas. De ellas, 4.426 son puestos nuevos, en lo que supone el primer incremento de plantilla desde 2010. El resto son para jubilaciones, promociones internas y la conversión de interinos en indefinidos.


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