Cuándo me podré jubilar

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La medicina ha vencido a la selección natural y nuestra existencia es cada vez más larga. Este logro debería ser una celebración para el ser humano, que desde las civilizaciones más antiguas ha buscado la fuente de la eterna juventud, como se muestra en los relatos culturales. No obstante, aquellas sociedades no tenían sistemas económicos tan enrevesados como los actuales, en los que el aumento de la esperanza de vida genera ciertos perjuicios. Los ciudadanos fallecen a mayor edad, mientras que la natalidad desciende, lo cual provoca un desajuste demográfico que tiene una clara consecuencia: si queremos vivir más también habrá que trabajar más para sostener las prestaciones sociales del futuro. En 2018, la jubilación se ha retrasado un mes, hasta los 65 años y medio, y en 2027 alcanzará los 67. «Esto convertirá a España en uno de los estados europeos con un retiro más tardío, junto con Alemania, Dinamarca, Irlanda, Italia y Portugal», afirma el profesor de Derecho Procesal Laboral de la Universitat Abat Oliba CEU, Eduardo Armas. Muchos asalariados ya se preguntan si estarán lo suficientemente bien, física y mentalmente, como para rendir en sus labores a una edad tan avanzada, y, por si acaso, exploran todas sus posibilidades para retirarse antes de lo establecido.

La funcionaria de Justicia Elena Gómez, de 55, no se ve en su puesto 12 años más: «Tengo dolores agudos de espaldas, me vienen migrañas habitualmente, sufro de menopausia hace ya un tiempo, este trabajo requiere una fortaleza mental y emocional… no sé si aguantaré todo lo que me piden». Tendrá que hacer el esfuerzo hasta 2030, con 67, pues no podrá jubilarse a los 65 al no cumplir el periodo mínimo de cotización que se le exigirá, 38 años y medio. Y no lo hará por los pelos porque, a día de hoy, dicho plazo se encuentra todavía en 36 años y seis meses. Al menos, le queda un consuelo, dice. Haciendo cálculos, confirmará 37 cursos completos cotizados y, por lo tanto, sí cobrará el 100% de la pensión, para lo que, en estos momentos, se piden 35 años y medio.

Coeficiente reductor

No obstante, Elena seguirá teniendo la opción de jubilarse antes de los 67. La legislación española da esta oportunidad pero bajo una condición: que se produzca una penalización en la pensión. Esta fórmula es conocida como coeficiente reductor, y se aplica según el tiempo cotizado. Entre los 30 y 34, se reduce la prestación un 7,5% por cada año que se adelante el retiro laboral; de 35 a 37, un 7%; de 38 a 39, un 6,5%, y con 40 o más cursos, un 6%.

Si bien a Elena le gustaría jubilarse antes por su estado de salud, hay asalariados que desean continuar en su puesto, y la normativa española también les otorga esta posibilidad. Enrique González, de 65 años, ejecutará esta opción porque su empleo no le exige duras condiciones físicas, aunque entiende que «un albañil, que carga bloques todo el día, ni siquiera piense en retrasar su jubilación». La funcionaria Marta Aragón, por su parte, continúa trabajando a pesar de superar la edad porque se encuentra «todavía con ganas de seguir, completamente apta para hacerlo, y porque no quiero verme metida en casa y necesito mantenerme activa». Esta decisión de la que no se arrepiente la ha tomado también por «motivos económicos»: «Aún tengo un hijo que depende de mí porque no encuentra empleo».

Los asalariados como Enrique González y Marta Aragón interesan mucho a la Administración con el fin de asegurar la viabilidad del sistema, ya que mientras sigan en su trabajo a tiempo completo no estarán recibiendo la prestación que les correspondería. Para fomentar la demora de la jubilación, la legislación les otorga unas ventajas sobre la pensión que recibirían si, finalmente, llega el momento de abandonar las labores. En el supuesto de haber cotizado de 15 a 25 años, la prestación aumentará un 2% por cada curso de más trabajado; de 26 a 37, el crecimiento será de un 2,75%, y de un 4% con más de 37 años cotizados. En cualquier caso, nunca se podrá superar la pensión máxima, que actualmente está fijada en 2.573 euros mensuales.

El Gobierno quiere incentivar aún más que los empleados alarguen su vida laboral para intentar reducir el gasto en pensiones de jubilación, que no para de crecer. En diciembre de 2017 se invirtieron en ellas 6.259,6 millones de euros, un 3,6% más que en el mismo periodo del año anterior. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha propuesto recientemente que los asalariados que retrasen su retiro computen su subsidio con los 25 mejores años cotizados, en lugar de los 25 últimos, como se establece para el resto.

Esta inciativa sería puesta en marcha cuando la cantidad de ejercicios que se tienen en cuenta para calcular la prestación alcance el cuarto de siglo, lo que no ocurrirá hasta 2027. La reforma de las pensiones que entró en vigor el 1 de enero de 2013 establecía un incremento progresivo del tiempo que se computa. Ahora se encuentra en los 21 últimos cursos y habrá que sumar uno cada fin de año hasta llegar a los 25 en 2022.

Sectores especiales

Entonces, si la propuesta de Báñez sale adelante, Enrique y Marta lo agradecerán en sus subsidios. Ellos pueden seguir en su trabajo tras superar la edad de jubilación porque el empleo se los permite, pero tienen derecho a acceder con anterioridad a la prestación por los riesgos que supone su actividad. «La ley general de Seguridad Social contempla ciertos colectivos que, por razón de la exigencia física o peligrosidad de su trabajo o en atención a padecer una disminución física o psíquica, pueden anticipar su edad de jubilación, y así lo hacen efectivamente», sostiene Armas.

Los asalariados que tienen esta posibilidad son los pertenecientes al Estatuto Minero; el personal de vuelo; los trabajadores ferroviarios; los profesionales taurinos; los cantantes, bailarines y trapecistas; los miembros de la Ertzaintza, y los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos.

Los pertenecientes a los dos últimos grupos pueden disfrutar de la pensión a partir de los 60 años y de los 59 años si acreditan 35 de cotización. Los policías locales, por su parte, continúan pendientes de que el Gobierno apruebe próximamente el Real Decreto que se les prometió, y por el que estarán bajo las mismas condiciones que los bomberos y los Cuerpos de la Ertzaintza.

Autónomos

El sector que más controversia ha generado en torno a su jubilación es el de los autónomos. Los trabajadores por cuenta propia tienen que pagar cada mes una cuota a la Seguridad Social. La cuantía depende de la base de cotización que cada uno elija, y el 86,2% de los autónomos se rigen por la mínima para asumir menos gastos, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Empleo en septiembre de 2017. Esta base se sitúa, ahora mismo, en 919,80 euros, y quienes la escojan durante toda su vida laboral disfrutan de la menor prestación.

Cuando se acerca la edad de jubilación, algunos trabajadores por cuenta propia cambian la base de cotización a la máxima, que se establece en 3.751,20 euros, con el objetivo de incrementar la cantidad de la futura paga. Esta práctica no es muy extendida, y sólo el 29,2% de los autónomos cotiza por la base máxima a partir de los 55 años. Sin embargo, un empleado que está incluido en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) que se fuese a jubilar hoy, debería haber incrementado sus cuotas 21 años antes de la misma si quiere acceder a la pensión completa.

Los autónomos con mejores ventajas a la hora de jubilarse son los que tienen contratados a una o más personas. La nueva Ley por la que se rige este colectivo acepta que, los trabajadores por cuenta propia con asalariados puedan acceder al 100% de la pensión aunque continúen inscritos en el RETA. Esta medida que acaba de entrar en vigor se antojaba fundamental en España, donde el 21,9% de los trabajadores por cuenta propia mantiene empleados.

Los autónomos han visto hecha realidad una de sus reclamaciones históricas, mayores derechos en torno a la jubilación. No obstante, sus exigencias se cumplen justo cuando los receptores de prestaciones sociales están perdiendo poder adquisitivo por la aplicación a partir de 2018 del Índice de Revalorización de Pensiones.

Menos poder adquisitivo

El profesor Eduardo Armas explica que con esta medida, «se produce una desindexación de la revalorización anual de las pensiones, ésto es, dicha revalorización deja de referenciarse automáticamente a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y pasa a depender de un índice de revalorización de pensiones que se determinará, esencialmente, atendiendo al estado de las cuentas de la Seguridad Social. Ello ha supuesto, sin que quepan interpretaciones al respecto, una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas, ya que, para poner un ejemplo gráfico, el IPC durante el año 2016 fue de un 1,6%, y con la normativa anterior a la reforma de 2011, las pensiones se habrían revalorizado ese 1,6%; sin embargo, aplicando el índice de revalorización de pensiones, se han revalorizado tan solo un 0,25%».

Este crecimiento supondrá un ascenso de sólo 2,3 euros al mes de media por jubilado. El Índice de Revalorización de las Pensiones tiene el objetivo de ajustar la balanza de gasto en subsidios. Gracias a ello, el Gobierno se ahorrará en el presente año alrededor de 1.200 millones de euros en prestaciones, según se indica en el Plan Presupuestario que el Ejecutivo ha presentado en Bruselas.

La Unión Europea está ahora mismo en una trinchera en lo que respecto a las pensiones de jubilación, y el organismo quiere apretarle las tuercas a sus países. Sin embargo, Eduardo Armas destaca que «la UE no tiene competencias para legislar en materia de Seguridad Social de los diferentes Estados miembros, por ser una materia sensible que desean transferir». Pero ningún administrador puede obviar el problema, la población de Europa envejece a marchas forzadas y hay que reajustar las prestaciones para asegurar la viabilidad del sistema. A pesar de que, como explicaba Armas, la UE no cuenta con competencias en esta materia, las naciones se han puesto manos a la obra. «Dieciocho de los miembros de la UE han procedido a plantearse el aumento de las edades de jubilación ordinaria en los últimos tiempos. Los gobiernos de España, Alemania, Italia, Francia, Austria, Bélgica, Dinamarca o Grecia, entre otros, han coincidido en anunciar en los últimos tiempos su voluntad de introducir cambios en la edad de jubilación para adaptarla a las necesidades de un continente cada vez más viejo».

Y eso por culpa del desarrollo de la medicina. Que dentro de todos los beneficios que aporta a la sociedad, tiene una condición perjudicial para la misma: que las prestaciones de jubilación se alarguen durante más años de los que el sistema puede asumir porque no hay suficientes cotizantes para tantos pensionistas.

El sector privado, otra opción

El Banco de España, en su estudio sobre las pensiones públicas lanzado en 2017, afirmaba que nuestro país «el crecimiento del peso de la población en edad de jubilación se producirá con mayor intensidad que en otros». Este fenómeno, para la institución, provoca que los subsidios deban ser revisados de nuevo en los próximos años para equilibrar el reparto entre todos los jubilados que se irán sumando al sistema de prestaciones. La cuantía media de las mismas, al tener que diversificarlas aún más, descenderá. Y la respuesta que tienen los ciudadanos ante este hecho es acudir al sector privado. Los planes de pensiones se están convirtiendo en la alternativa para completar un futuro, pero reducido, subsidio público. No obstante, requieren una aportación mensual y la pérdida de poder adquisitivo durante la crisis ha hecho que se cierren cuentas. En el cuarto trimestre de 2015, en España había abiertos más de 9.955.000 planes de pensiones, una cifra que bajó en casi 200.000 en el mismo periodo de 2017. Los consumidores que han mantenido su fondos, sin embargo, aumentan su inversión. Según Inverco, en diciembre del año pasado la cantidad era de 111.077 millones de euros, registrándose una subida del 4% durante todo el ejercicio.


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