Prisión permanente revisable: Firmeza ante «la demanda social»

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El Consejo de Ministros aprobó ayer ampliar los ocho delitos penados con prisión permanente revisable al asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver a los familiares; al asesinato después de un secuestro; a las violaciones en serie; a la violación de un menor tras privarle de libertad o torturarlo; a las muertes en incendios, estragos o liberación de energía nuclear o elementos radiactivos; y a los autores de atentados en infraestructuras como vías de tren o aeropuertos.

Con esta iniciativa, el Gobierno responde a otra que registró el PNV y que se tramita desde octubre en el Parlamento con el voto favorable del PSOE y la abstención de Ciudadanos (Cs). El PP se opuso a ella. Con el actual reparto de fuerzas parlamentarias, el PP no tiene apoyos para sacar adelante su propuesta, pero sí obligará a todos los demás partidos a posicionarse en el Congreso. También Cs, que en este debate ha ido ajustando posiciones después de que el pacto de investidura con Pedro Sánchez incluyese entre sus puntos derogar esta figura penal. Su última decisión ha sido presentar una enmienda a la proposición de los nacionalistas vascos para endurecer el acceso al tercer grado.

Los efectos políticos de la decisión adoptada son evidentes aunque no salga adelante la propuesta, si bien el ministro de Justicia, Rafael Catalá, negó ayer que el Gobierno se mueva por interés electoral o «en caliente», después de que recientemente se resolviese el asesinato de Diana Quer.

El ministro explicó que los gobiernos tienen la obligación de constatar las realidades sociales y llevarlas al ordenamiento jurídico, porque la ley tiene que parecerse a la sociedad y ser cercana a las víctimas, a los más débiles. También advirtió de que la proposición de ley para la derogación de la prisión permanente revisable, que se tramitará casi en paralelo a la petición para ampliarla del Ejecutivo, supondría de ser aprobada que España volviese a convertirse en una isla en Europa.

Así, insistió en que esta previsión penal existe en la mayor parte de los países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Italia, y para supuestos más numerosos. Croacia y Portugal son las dos únicas excepciones comunitarias que no tienen esta herramienta, precisó. En algunos incluso afecta a delitos muy graves contra el Estado como los de sedición o rebelión, aclaró Catalá. Pero el Gobierno desistió de ir por ahí en su reforma porque «cuando nos planteamos ampliar los tipos no queríamos plantear una polémica adicional». Al estar abierto en canal el proceso judicial contra los líderes independentistas.

PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y Grupo Mixto recurrieron hace más de dos años al Tribunal Constitucional la reforma aprobada por el Gobierno de mayoría absoluta del PP por entender que vulneraba cuatro artículos de la Carta Magna, pero el Alto Tribunal aún no se ha pronunciado.

AVALES JURÍDICOS Y LEGALES

El ministro alegó ayer que su propuesta cuenta con todos los avales jurídicos y legales, está incluida como posible en la Corte Penal Internacional y el Tratado de Derechos Humanos reconoce en su jurisprudencia la coherencia con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Gobierno también alega a favor de su reforma que cuenta con el aval de los ciudadanos, porque entre el 70 y el 80% ve razonable que exista para los delitos más graves. Los padres de Diana Quer y Marta del Castillo han recogido más de dos millones de firmas en su apoyo.

La prisión permanente revisable está hoy en vigor para los casos en que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad; que el asesinato fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima; asesinato múltiple; asesinatos perpetrados por terroristas; los cometidos contra el rey o el príncipe heredero; contra jefes de Estado extranjeros; el genocidio y crímenes de lesa humanidad con homicidio; y que el delito lo hubiera cometido alguien que pertenece a una organización criminal.

«Se aplica a casos extraordinarios muy singulares y representa la respuesta más firme del Estado de Derecho para proteger a la sociedad de los delincuentes más graves», defendió el ministro.