Cifuentes 'mata' los consorcios de la Púnica: solo queda la mitad y les recorta 50 millones

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, lo dejó muy claro hace unas semanas en la Asamblea de Madrid. Su Ejecutivo “está poniendo orden a los consorcios urbanísticos”, los polémicos entes públicos que se investigan en una de las piezas del caso Púnica. Constituidos muchos bajo el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón y otros (los menos) con Esperanza Aguirre, nacieron con el objetivo de crear nuevos barrios residenciales a precios asequibles e importantes polos empresariales y logísticos. Pocos han hecho los deberes y han cumplidos sus expectativas, y ahora la sombra de la corrupción se cierne sobre algunos de ellos.

De momento, Cifuentes les ha metido un tijeretazo importante en los Presupuestos de 2018. Su asignación baja de 70 a 23 millones de euros. Además, de los 19 consorcios actuales (llegó a haber 22), solo 11 están activos y otros ocho están en proceso de disolución o liquidación. “Nuestro único interés en los consorcios es uno: mantener aquellos que sean viables, que vendan suelo y de esta manera generen beneficios a los ayuntamientos”, sentenció la presidenta. El PSOE, por su parte, cree que pueden seguir siendo “instrumentos útiles para crear riqueza en los municipios y para que la comunidad haga estrategia supramunicipal”, explica el diputado Rafael Gómez Montoya.

Los consorcios en activo son Los Molinos-Buenavista (en Getafe), Espartales Norte (en Alcalá de Henares), Móstoles Sur (en Móstoles), El Escorial, Moscatelares (en San Sebastián de los Reyes), Tecnogetafe (en Getafe), Móstoles Tecnológico (Móstoles), Leganés Tecnológico (en Leganés), El Bañuelo (en Fuenlabrada), Parque Empresarial La Carpetania (en Getafe) y Valdelacasa (en Alcobendas). Todos fueron constituidos por el Gobierno regional, que tiene la mayoría, en colaboración con el ayuntamiento correspondiente. Tanto para desarrollar nuevos barrios residenciales y promover en ellos vivienda protegida como para poner en marcha nuevas zonas industriales, logísticas y empresariales. En liquidación o disolución están La Fortuna (Leganés), La Garena (Alcalá de Henares), Leganés Norte, Parla Este, La Estación (Colmenar Viejo), Rivas, Puerta el Atlántico (en Móstoles) y Puerta del Mediterráneo (Villarejo de Salvanés).

Desde la Comunidad de Madrid explican que han iniciado un proceso de “mayor control y transparencia en el funcionamiento de los consorcios” al empezar a adaptar sus estatutos a la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. “Esta adaptación implica que estatutariamente debe determinarse el régimen de adscripción a una de las administraciones públicas consorciadas, lo que implica que el régimen presupuestario, de contabilidad, de control financiero y patrimonial lo llevará a cabo la Administración Pública de adscripción”. De los 11 consorcios en activo, seis están ya gestionados directamente por la empresa pública Gestión Obras de Madrid. Los otros cinco siguen teniendo un gerente y un consejo formado por la comunidad y el ayuntamiento correspondiente.

Vista aérea del Consorcio Urbanístico Móstoles Sur.

De los consorcios residencia, el que más presupuesto va a tener en 2018 es el de El Escorial (6.085.001 euros), creado en septiembre del año 2000 y dirigido actualmente por Federico Jiménez de Parga, exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid. Su objetivo era construir 517 viviendas, el 60% de ellas protegidas. Han pasado 18 años y solo se han levantado 40 chalés de protección pública. La Comunidad de Madrid (que decidió en 2016 pasar de tener el 60 al 99% del consorcio) le quiere inyectar esos seis millones para intentar relanzarlo. El problema es que el valor de los terrenos se ha reducido de 41 millones a 24.

Otro que no ha cumplido las expectativas es Móstoles Sur, constituido en noviembre de 2001 para construir 9.400 viviendas, el 75% de ellas protegidas. “Una vez finalizada la urbanización y la mayor parte de la comercialización, el objetivo es concluir la misma con la venta de las parcelas de vivienda libre y ejecutar el acceso viario a la autopista R5”. El consorcio se puede ver inmerso en problemas judiciales. El Ejecutivo de Cifuentes decidió llevar a la Fiscalía una sospechosa inversión financiera hecha por la gerencia del consorcio y adelantada en exclusiva por El Confidencial: la pérdida de 4,3 millones de euros en preferentes después de invertir 14 millones en este producto financiero en el año 2009. La comunidad, no obstante, le inyectará 2,83 millones de euros este año.

Móstoles Sur es también uno de los consorcios investigados por la Guardia Civil en el caso Púnica. Aunque al inicio el juez instructor solicitó abundante documentación de los 22 consorcios que se han llegado a constituir, las pesquisas se han centrado solo en media docena, aquellos en los que se tiene indicios de que se pudo amañar la adjudicación de las viviendas que han levantado. Los consorcios bajo sospecha son Los Molinos-Buenavista (en Getafe), Parla-Este (en Parla), Los Espartales (Alcalá de Henares) y Móstoles Sur (en Móstoles). También se investiga Ciudad Jardín en Arroyomolinos, que técnicamente no es un consorcio. En estos cinco ámbitos se proyectaron 40.088 viviendas.

Para el PSOE, “hay que estudiar qué consorcios siguen siendo útiles para generar vivienda protegida y riqueza supramunicipal”. Uno de los que más se han desarrollado es el de Los Molinos-Buenavista, constituido en noviembre de 2001. Los dos ámbitos suman 247 hectáreas y se proyectaron 12.200 viviendas, el 80% protegidas. Ya se han construido unas 7.000.

Presentación de obras de urbanización en el consorcio de Los Molinos-Buenavista, en 2008.

En cuanto a los consorcios empresariales y logísticos, algunos han sido un auténtico fiasco y otros tampoco han cumplido todas las expectativas. Como el Parque Empresarial La Carpetania, creado en febrero del año 2000. En todo este tiempo, el Gobierno regional ha pagado ya más de 250 millones de euros en expropiaciones. Allí se quería hacer el mayor parque empresarial y tecnológico de España, con casi 500 hectáreas de superficie. Solo se ha hecho una primera fase. En abril de 2014, el entonces presidente regional, Ignacio González, anunció que se iba a impulsar la segunda fase para convertir el parque en la mayor superficie aeroespacial de toda España. Ni siquiera tiene actualizada su página web. Su gerente es otra excargo del PP, Rocío Albert López Ibor, que fue viceconsejera de Economía. La comunidad le inyectará 3,2 millones este año.

Leganés Tecnológico es uno de los más antiguos. Creado en 1999 y con 280 hectáreas de superficie, nació con el objetivo de crear un espacio de investigación e innovación tecnológica, aunque hoy la empresa más importante que está instalada allí es una plataforma logística de Coca-Cola. De hecho, solo se ha desarrollado el 25% del suelo.

Los que no seguirán adelante son el Puerta del Atlántico (en Móstoles) y el Puerta del Mediterráneo, en Villarejo de Salvanés. El primero fue constituido en el año 2007 (bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre) con el objetivo de levantar una ambiciosa plataforma logística de 800.000 metros cuadrados destinada a convertirse “en el centro de conexión del transporte de mercancías entre Madrid y el Corredor de Lisboa”. Nunca se levantó nada. Solo se puede ver el esqueleto de otro proyecto fallido, el tren a Navalcarnero, que iba a tener estación en este polígono. El segundo también se creó en 2007 para levantar una especie de ‘ciudad del transporte’ que iba a recibir y distribuir las mercancías procedentes del puerto de Valencia. La inversión era de 137 millones. Nunca se hizo nada y en septiembre de 2016 se decidió su disolución.