Madrid debatirá cambiar la ley para poder desalojar okupas en pisos de bancos y fondos

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El pleno del Ayuntamiento de Madrid afrontará en unas semanas un debate pendiente sobre okupación de la mano de una propuesta impulsada por el grupo municipal de Ciudadanos. La iniciativa pretende abrir el melón de las competencias que pueden tener consistorios y comunidades autónomas para resolver más eficazmente el problema de viviendas okupadas, especialmente aquellas que están en manos de bancos o fondos de inversión, y que pueden suponer un impedimento real para el bienestar y la tranquilidad del resto de vecinos. En concreto, la propuesta planteará modificar la Ley de Bases de Régimen Local para que las administraciones “puedan ejercer la ejecución sustitutoria de las acciones judiciales que procedan en caso de okupación con problemas de convivencia”.

Según explican fuentes del grupo municipal que dirige Begoña Villacís, la iniciativa propone la ejecución sustitutoria basándose en la obligación de todo ayuntamiento de garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia y evitar cualquier situación de inhabitabilidad e insalubridad, actualmente establecidas vía ordenanzas. Es el incumplimiento de las mismas lo que permitiría al ayuntamiento actuar cambiando el artículo 68 de la citada ley, que constituye la posibilidad de que los vecinos puedan ejercitar acciones necesarias para defender sus derechos y bienes en el plazo de 30 días si las entidad local no acuerda las medidas necesarias.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. (EFE)

Lo que Ciudadanos plantea es que las corporaciones actúen en ese caso en nombre de los vecinos. La propuesta se basa además en preceptos del Código Civil y de la Ley de Propiedad Horizontal, concretamente en su artículo 7, que expone con claridad que a propietarios y ocupantes de un piso no les está permitido desarrollar en él actividades prohibidas en los estatutos que resulten dañosas para el edificio o se consideren molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Cs entiende que el ayuntamiento, en aras de garantizar los derechos del resto de las comunidades vecinales, debe ponerse manos a la obra y mover ficha dentro de los márgenes permitidos para afrontar la okupación cuanto antes.

La aprobación de la iniciativa, consensuada con distintas asociaciones de vecinos y la federación madrileña de municipios, supondría un cambio de gran relevancia, teniendo en cuenta que, hoy por hoy, los ayuntamientos y gobiernos regionales no pueden actuar para poner en marcha la maquinaria judicial contra las okupaciones. El motivo es que es indispensable que el propietario denuncie primero, incluso para tomar medidas cautelares como tapiar la puerta de entrada. Y precisamente un problema recurrente en Madrid es la falta de denuncias de propietarios cuando se trata de bancos y fondos de inversión, que al tener un parque de viviendas enorme, no actúan con demasiada celeridad.

En la actualidad, los consistorios solo pueden actuar por ejecución sustitutoria en casos en los que prevalezca el deber de conservación de un inmueble o una vivienda, y cuando un desalojo se hace inevitable para mantener la seguridad. La iniciativa que irá al próximo pleno municipal este mes de febrero pretende ir un paso más allá: ya que las comunidades de vecinos pueden ceder la acción de inicio de procesos judiciales, el consistorio actuaría en su nombre y, una vez recuperado el inmueble, el ayuntamiento podría actuar para tomar aquellas medidas que debería haber tomado el propietario para garantizar los derechos del resto de vecinos. La propuesta también defiende la repercusión de los costes judiciales y posibles sanciones al propietario real apelando a la obligación de responsabilidad que muchas veces cae en el olvido.

El grupo liderado por Villacís presentará la iniciativa a lo largo del mes en busca de lograr apoyos entre los distintos grupos y sacarla adelante en el pleno. Pese a que la propuesta final será más completa, fuentes de Ciudadanos adelantan ya que la votación se hará por puntos, siendo la actuación por ejecución sustitutoria uno de los fundamentales que aspiran a poder aprobar. Insisten en que se trata de una iniciativa que actuaría fundamentalmente contra la ‘dejadez’ de entidades bancarias en busca de terminar con situaciones de mayor gravedad (como el caso de los ‘narcopisos’ en Vallecas, de los que, como publicó este diario, el 80% pertenece a fondos de inversión), proponiendo además y al mismo un tiempo un mecanismo efectivo de recuperación de vivienda para la ciudad. “Actualmente, en Madrid 17.000 familias siguen en lista de espera para acceder a viviendas sociales del ayuntamiento”, recuerdan.