Granados declara este lunes para acorralar a Aguirre y “cerrar el círculo de la Púnica”

COMPARTIR

“Lo aclarará todo”. Esta frase textual aparece ya en algunos de los escritos presentados por el ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados, que este lunes prestará declaración a petición propia ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, instructor de la causa por la trama Púnica. Desde que saliera de prisión el pasado mes de junio, el antiguo cargo madrileño ha evidenciado una evolución que se ha ido reflejando en algunos de sus movimientos de defensa.

En su comparecencia voluntaria que arrancará este lunes quiere “cerrar el círculo de la Púnica” y demostrar que la trama “no es él”. Prevé señalar a quienes ejercían la verdadera responsabilidad en cada una de las piezas de la red y apuntar a la expresidenta del PP madrileño Esperanza Aguirre y a quien fue su hombre de confianza durante muchos años, Ignacio González, ahora imputado en otra de las investigaciones por corrupción de la Audiencia Nacional, la Lezo.

Su intención, según confirman a El Confidencial fuentes de su entorno, es ahondar en cada una de las piezas que componen el sumario, casi una veintena, en una declaración por bloques que se puede prolongar durante horas o incluso repartirse en varias sesiones si el magistrado lo considera adecuado. Desde la investigación sobre la empresa pública del suelo de la Comunidad de Madrid Arpegio y los planes Prisma que tutelaba hasta la presunta financiación irregular del PP madrileño. La información que pretende aportar salpicará también a otros cargos públicos regionales de estos últimos años.

Ignacio González, a su salida de la Audiencia Nacional. (EFE)

Granados ya había anunciado sus intenciones. Hace unas semanas reclamó sin éxito al magistrado que citara como investigados a los tres últimos presidentes de la Comunidad de Madrid, la actual titular, Cristina Cifuentes, y sus antecesores González y Aguirre. Lo hizo disparando directamente al punto más sensible de la investigación, la financiación irregular del PP madrileño, bajo investigación en una pieza separada.

Entonces argumentó que debíab declarar por las responsabilidades de los tres en las campañas electorales de las autonómicas de 2007 y 2011 y de las generales de 2008. Resaltó que Aguirre ha quedado cercada por recientes informes policiales en los que se asegura que el PP de Madrid pagó en negro “y de manera encubierta” a proveedores de los actos de la campaña electoral de 2011. Los investigadores desvelaron entonces detalles del uso de la caja B de los populares en Madrid, que llegó a acumular, solo durante ese año, hasta 1,5 millones de euros, que acreditan el manejo de fondos de procedencia oculta para abonar facturas por los servicios prestados.

En el caso de Cifuentes, Granados apuntó que entre los años 2004 y 2008 fue secretaria de Política Territorial del partido y para las elecciones de 2007 fue además responsable de movilización de la campaña del PP. Ignacio González ejerció como director de campaña de Madrid, señaló también. En su declaración a petición propia, en la que ofrecerá aportar documentos que apoyen sus afirmaciones, ahondará en la cuestión y detallará cómo y por orden de quién se regaron con dinero negro esos comicios, en los que se contó con fondos irregulares no sometidos al control institucional.

No solo guarda munición contra los tres cargos populares. Detallará por qué deben ser investigadas otras personas. En la lista se encuentran el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, la exconsejera de Educación Lucía Figar, la antigua responsable de Servicios Sociales Gador Óngil, el expresidente de la Asamblea de Madrid José Ignacio Echeverría o el actual consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo. Lo mismo los exconsejeros Jaime González Taboada, Mariano Zabía, Beatriz Elorriaga e Isabel Mariño, y el exviceconsejero Manuel Beltrán.

Uno de los puntos clave de la declaración será la ya famosa agenda incautada, en la que tomó notas y de la que la UCO interpreta que hubo pagos irregulares, que cifra en hasta dos millones de euros entre los años 2011 y 2014. En el documento, que incluía los apartados ‘IN’ y ‘OUT’, también se reflejaban cantidades. Una de las mayores es de 1.600.000 euros y se interpreta por los investigadores como procedente de una persona bajo las iniciales JLM, que a juicio de la Policía Judicial correspondían a las del exconsejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir, Javier López Madrid, cuyas camisas grabadas con sus iniciales sirvieron para identificarle en la libreta.