Nuevo freno judicial a la decisión de Trump de acabar con la protección a los ‘dreamers’

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EFE

Protesta contra la política migratoria de Trump

Un tribunal federal en Nueva York frenó este martes la decisión del Gobierno de Donald Trump de poner fin al programa DACA, que beneficia a miles de jóvenes indocumentados que fueron traídos a EE UU durante su infancia.

De acuerdo con el juez Nicholas Garaufis, a cargo de un caso presentado en septiembre del año pasado en Nueva York por cinco jóvenes que se benefician del programa conocidos como “soñadores” (dreamers, en inglés), el Gobierno de Trump no puede poner fin a la iniciativa, que concluirá el próximo 5 de marzo.

Según el juez, esa decisión del Gobierno estuvo basada “exclusivamente en la conclusión legal de que el programa era inconstitucional”. “Debido a que la decisión fue errónea, la decisión de poner fin al programa no puede permanecer”, indicó el juez sobre el programa, creado en 2012 por la Administración de Barack Obama, que beneficia a 800.000 jóvenes a los que ha protegido de la deportación y les ha otorgado permisos de trabajo y de conducir.

El juez señala, además, que el programa simplemente reflejó la decisión del Gobierno de Obama de que los agentes del Departamento de Seguridad Nacional no deben ser usados para deportar a individuos que fueron traídos a EE UU cuando eran niños, estudiaron o cumplieron con el requerimiento de servicio militar y no tienen pasado criminal.

La resolución de Garaufis es la segunda de una corte federal, después de que el juez William Alsup, de San Francisco, decidiera el pasado mes de enero que el programa debe continuar, lo que fue apelado por el Gobierno y está previsto que este viernes la Corte Suprema decida si verá el caso.

Hasta el 5 de marzo

En mayo de 2017, el fiscal general de EE UU, Jeff Sessions, anunció el fin del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, en inglés), cumpliendo así una promesa electoral de Trump.

Se estableció como fecha límite el 5 de marzo, lo que daba un plazo de seis meses al Congreso para buscar una solución para estos jóvenes indocumentados.

En septiembre del año pasado cinco “soñadores” que se benefician del programa demandaron a la administración Trump argumentando que su acción viola las leyes federales y la Constitución que garantiza la igualdad.

El pasado 30 de enero una coalición de 16 fiscales generales demócratas, liderados por el de Nueva York, Eric Schneiderman, se unieron en apoyo a la demanda de septiembre que pide la protección del DACA.

Los fiscales argumentaron al tribunal que la decisión del Gobierno viola los derechos del debido proceso y afecta a los residentes, instituciones y economías de los estados de EE UU.

Argumentaron, además, que poner fin al programa viola la cláusula de igual protección de la Constitución por discriminar a los mexicanos, que representan el 78% de los que se benefician de la iniciativa.